La reconstrucción y el reforzamiento de viviendas, edificios y comunidades enteras tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre representa una oportunidad no sólo para mejorar la infraestructura urbana, sino también para diseñar espacios públicos menos vulnerables a la delincuencia y la inseguridad.
Una de las corrientes teóricas de la prevención del delito (prevención situacional) busca reducir las oportunidades que ofrece el entorno físico para que un individuo cometa un delito, incrementando el riesgo y la dificultad de hacerlo (Clarke, 1995). La premisa central es que resulta más fácil modificar el espacio, el diseño y el medio ambiente que al propio agresor (Cozens y Love, 2015). Destaca en particular la metodología de Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental (CPTED[1] por sus siglas en inglés), que surgió en la década de los setenta y que ha sido aplicada desde entonces en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Chile.
Esta metodología consiste en crear o rescatar espacios públicos de calidad, seguros, accesibles, integradores, que acojan la diversidad de funciones que sus usuarios buscan en ellos, que generen una mayor cohesión social y que reduzcan la percepción de inseguridad de la población. Esta estrategia se puede aplicar tanto en zonas habitacionales como comerciales.
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